Contraloría detecta ilegalidad en 9 contratos con Racsa y ordena devolución de dinero

Ministerios, Municipalidades y Asamblea Legislativa dentro de los involucrados.

Redacción | redacción@cronica.cr

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una investigación en la que descubrió que hay irregularidades en contratos que tienen nueve instituciones públicas con Racsa.

Así lo explicó Marcela Aragón, gerente del área de fiscalización del Desarrollo de Ciudades de la Contraloría, quien afirmó que se giraron dos órdenes para corregir las irregularidades detectadas.

“Dicha irregularidad consiste en que, a pesar de que a Racsa se le contrató bajo la figura de excepción para contratar directamente entre entes de derecho público, utilizó la figura de asociación empresarial con empresas privadas para cumplir el objeto contratado, a pesar de que debe hacerlo por sí misma y de acuerdo a sus propias competencias”, explicó Aragón.

Según manifestó esto violenta la ley y hasta la Constitución Política que obliga a que se dé una licitación pública al contratar privados para brindar servicios.

Ante esto el ente contralor emitió dos órdenes para que se corrija esta situación:

1. Orden dirigida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Protección Social (JPS), Asamblea Legislativa (AL), Dirección Nacional de CEN-CINAI, y la Municipalidad de San José. A estas entidades contratantes, se les ordena ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha, conforme el ordenamiento jurídico aplicable.

2. Orden dirigida a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) debido al uso indebido de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público, RACSA solo puede realizar contratos de esta naturaleza cuando pueda llevar a cabo por sí misma el objeto contractual, conforme a sus competencias legales, evitando recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación directa, permitiendo de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales.