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  • Foto del escritorRedacción | Crónica, el Diario de la Gente

Cinco detenidos por tortura de menores y malversación de fondos

Usaban Fundación Manos Abiertas.

Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr

 

Este martes se desarrollan tres allanamientos como parte de la investigación que se sigue contra cinco personas de la Fundación Manos Abiertas, a quienes se les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.

 

Las acciones judiciales se desarrollan en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización, en Alajuela y Cartago, por lo que ya el Ministerio Público ordenó la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas, y a quienes en la tarde se les estará tomando declaración.

 

Según la investigación que se lleva a cabo este grupo de personas al parecer se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público el cual utilizaban para realizar viajes personales y comprar terrenos.

 

Adicionalmente al tratarse de una fundación donde se cuidaban personas menores de edad cometían actos de tortura en contra de ellos lo que llevó al deterioro de la salud, ya que eran atendidas por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios.

 

Según las fiscalías, también se investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.

 

En los allanamientos participan personeros de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.

 

Además de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) y tres hospitales: Nacional de Niños, Alajuela y Cartago.



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