Diputados deben aprobar presupuesto.
Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr
Poder utilizar ¢3.347 millones del caso conocido como Ecostate Consulting Group S.A., que involucró al expresidente peruano Alejandro Toledo, por el delito de lavado de dinero, es lo que solicitan las autoridades del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Para ello es necesario que se dé la aprobación de un presupuesto extraordinario que ya fue presentado a la corriente legislativa y que estaría otorgando recursos adicionales a cuerpos de policía y al Poder Judicial.
“Estos recursos vienen a apoyar la lucha que hacen los diferentes cuerpos policiales en contra del crimen organizado”, destacó Fernando Ramírez, director general del ICD.
Específicamente y según lo establecido en la ley, los recursos se repartirían así:
40% ($3,3 millones) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente para la atención, el mantenimiento y la actualización de la Plataforma de Información Policial (PIP), así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
20% ($1,3 millones) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
10% ($663.000) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
10% ($663.000) al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.
10% ($663.000) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
10% ($663.000) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
Por ahora el tema está en manos de los diputados quienes deberán de decidir si aprueban o no el presupuesto extraordinario.
