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Fiscalía acusa al presidente Chaves, vicepresidente, Canciller y cuatro diputados por presunto financiamiento ilícito

  • Foto del escritor: Redacción | Crónica, el Diario de la Gente
    Redacción | Crónica, el Diario de la Gente
  • 23 jun
  • 2 Min. de lectura
Corte plena deberá analizar levantamiento de inmunidad.
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La Fiscalía General de la República informó esta mañana que presentó una acusación con solicitud de levantamiento de inmunidad y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes a quienes señala como presuntos responsables del delito de financiamiento ilícito en la campaña electoral.

Los imputados por la fiscalía son son el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig; el canciller, Arnoldo André Tinoco; y los diputados Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Aldo Agüero Sanabria.


“De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero”, indicó la fiscalía.


Este caso se maneja bajo el expediente 22-000116-1218-PE y fue tramitada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y ahora será la Corte Plena la que deberá analizar la solicitud y de aprobarse enviarla a la Asamblea Legislativa para que se dé la respectiva votación.


“Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral.”, agregó la Fiscalía.


Esta es la segunda causa por la que se busca levantar la inmunidad Chaves, la anterior es por la contratación de una agencia de comunicación con dineros del Banco Interamericano de Integración Económica, BCIE.

En el caso de la mujer de apellido Agüero el caso se maneja independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

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