45 diputados apoyaron la ley.
Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr
El Congreso de la República aprobó esta tarde el presupuesto Ordinario del país para el 2024, en una votación que quedó 45 a favor y seis en contra, estos últimos de la fracción del Partido Progreso Social Democrático.
Es decir que la oposición fue quien le aprobó los recursos al gobierno, eso sí, luego de varias modificaciones importantes, como el aumento a los recursos que se le dieron a seguridad.
Pero ante la actitud de la fracción oficialista, la diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, expresó su indignación por lo que considera no es la actitud adecuada de la bancada de gobierno.
“Es vergonzoso ver cómo el gobierno imprueba su propio presupuesto ordinario para el año 2024. Donde contiene recursos para solventar la problemática que más está atacando a nuestro país como es la seguridad pública”, señaló.
Los cambios que realizaron respecto al presupuesto original fueron por ¢58.409 millones, de los cuales ¢52.382 millones provienen de la Partida de Intereses del Servicio de la Deuda y ¢5.980 millones de la emisión de títulos valores de deuda interna.
Este dinero se distribuyó de la siguiente manera:
¢2.000 millones para reforzar las becas de AVANCEMOS.
¢4.000 millones para infraestructura educativa.
¢3.000 millones adicionales para financiar la educación superior.
¢3.500 millones para proyectos comunales a través de las asociaciones de desarrollo.
¢6.000 millones para mantenimiento de vías de comunicación.
¢1.000 millones para fortalecer la fiscalización de los proyectos en ejecución o en proceso de contratación de la red vial, mediante LANAMME.
¢9.500 millones para proyectos de infraestructura vial cantonal a través de todas las municipalidades.
¢5.000 millones para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos.
¢8.000 millones para crear 300 plazas de Agente 1 de Fuerza Pública y financiar varias subpartidas como viáticos, combustibles, textiles, vestuario, equipo de transporte, todo en el Ministerio de Seguridad Pública.
¢6.000 millones para la creación de puestos mediante decreto ejecutivo de jueces, fiscales y defensores en el Poder Judicial.
¢6.980 millones para creación de plazas de investigador y ¢1.000 millones financiar equipo de transporte, todo en el OIJ.
Casi ¢920 millones para el Ministerio de Cultura, en aras de financiar actividades de lectura, programas de prevención de violencia, Consejos de la Persona Joven, entre otros.
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