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Pese a alto apoyo al gobierno, Ley Jaguar no sería aprobada en referéndum

Foto del escritor: Redacción | Crónica, el Diario de la Gente Redacción | Crónica, el Diario de la Gente
49% de los ticos ven mal eliminar controles.

 

El apoyo al gobierno de Rodrigo Chaves se mantiene alto, pero pese a esto, la ley jaguar podría no recibir el mismo apoyo, según reveló la más reciente Encuesta de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

 

Según dicho estudio, el 52% de los costarricenses da una valoración positiva a la administración Chaves Robles contra solo un 25% que le da una valoración negativa, es decir que sigue manteniendo una alta aprobación al trabajo que realizan.

 

Incluso ese apoyo crece si se habla solo del presidente Chaves a quien el 54% de las personas encuestadas lo califican de manera positiva, la misma cifra de los dos estudios pasados.

 

Pero curiosamente, pese a este fuerte apoyo, la Ley Jaguar, que se ha convertido en un tema medular para esta administración, no cuenta con el mismo apoyo, por el contrario casi que se invierte.

 

La encuesta consultó si la ciudadanía aprueba o desaprueba que se eliminen o reduzcan los controles a las acciones y decisiones del presidente de la República, tema de fondo de la propuesta mencionada y la mayoría lo rechazó.

 

Específicamente un 49% de las personas está en desacuerdo o muy en desacuerdo, contra un 38% que dijo estar de acuerdo y un 13% que dijo tener una opinión neutra.

 

“Esto quiere decir que, aun en condiciones de un alto respaldo al presidente, la iniciativa de modificar o eliminar controles a las decisiones y acciones de los mandatarios de la República no es respaldada por la mayoría de la población. Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad a apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, señalaron los expertos que realizaron la encuesta.

 

Por ahora el tema de la Ley Jaguar está en la Sala IV que deberá resolver la consulta facultativa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR) en este mes.

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