220 mil personas sin trabajo deben de preocupar a las autoridades.
Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr
Pese a que la tasa de desempleo ha venido bajando, lo cierto del caso es que para la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), este es un tema que debe de seguir siendo prioridad para el gobierno, junto al tema de infraestructura.
Los últimos datos indican que 220.000 personas están desempleadas y de estas 22.866 cuentan con un título universitario y solo entre agosto y octubre de 2023, un total de 16.428 personas se han retirado de la búsqueda de trabajo.
En este sentido Sergio Capón, presidente de la Cámara explicó que “un gran reto que tenemos es agilizar los procesos de aprendizaje para insertar a los nuevos estudiantes al mercado laboral, así como actualizar la formación de los trabajadores, mediante el aprendizaje dinámico de nuevas competencias y habilidades. Las mayores necesidades se visualizan en las carreras STEM, tanto en el campo profesional como en áreas técnicas. Las instituciones como las universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el sector privado deben aunar esfuerzos para el logro de este objetivo”.
En el campo de la infraestructura, también sigue quedando una deuda importante, pero algo de lo que más preocupa al sector es Puerto Caldera por el rol estratégico y vital para la producción nacional ya que el 80% de sus operaciones son importaciones y existen muchos sectores de la economía nacional que dependen del suministro constante de insumos, bienes intermedios y materia prima que entran por este puerto y no hay otra opción alternativa.
“Desde la CICR seguiremos insistiendo en la importancia de avanzar con la implementación de las inversiones mínimas que requiere el Puerto para dar respuesta a las necesidades actuales. Cabe mencionar que, aun cuando el nuevo contrato de concesión se formalice a tiempo para agosto de 2026, para contar con una primera fase del proyecto construida deberán pasar alrededor de cinco años, de manera que, en el mejor escenario, el Puerto se mantendría con las condiciones actuales hasta el año 2031, lo cual tendría un gravísimo impacto para la competitividad de las empresas que operan en el país y en muchos productos de consumo diario de las familias”, sostuvo Capón.
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