Presidente de la República calificó de criminal la información revelada.
Redacción | redaccion@cronica.cr
Un documento que demuestra que no existe sobreprecio en los contratos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las cooperativas de salud fue incluido dentro de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, lo que se conoce como Caso Barrenador.
Se trata de un presunto borrador del Informe de Costos elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja, en el cual se evidencia que es más bien un ahorro al realizar una contratación, pero ese nunca se subió a SICOP ni formó parte de la licitación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que “de conformidad con el artículo 198 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ordenó el secuestro de dicha prueba para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal”.
Al verificarse la autenticidad de este documento quedaría desacreditada la acusación de los sobreprecios y con ello prácticamente el caso Barrenador quedaría sin fundamento.
En este sentido el abogado de Coopesalud, Coopesana y Coopesain, Sergio Castillo señaló que “si bien la Fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS que los “documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costos en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en SICOP, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema”, el Ministerio Público no puede obviar la existencia de los documentos de trabajo que fueron manipulados previo a subir la oferta trucada al sistema de compras del Estado”.
Incluso el mismo presidente de la República, Rodrigo Chaves cuestionó la forma en que la Fiscalía, la Contraloría y los mandos medio de la Caja actuaron en este caso, en el que de comprobarse la autenticidad de los documentos, se habría dado la detención injusta de la presidenta suspendida de la CCSS, Marta Esquivel y los directivos de la institución.
“Existió una estructura criminal alcahueteada o compuesta por varias instituciones, funcionarios de instituciones, que ahora se ven desnudos en su intención de atacar y destruir al gobierno y afectar a cientos de miles de costarricenses que usan esos Ebais”, dijo Chaves.
Por ahora la investigación sigue su curso y tanto Esquivel como los directivos continúan suspendidos por seis meses.
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