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  • Foto del escritorRedacción | Crónica, el Diario de la Gente

Falta de presupuesto complicó aplicación de leyes

Los errores en la ley deben ser corregidos

(Redacción Comercial)

Desde el 17 de febrero del año 2022 se discute la entrada en vigencia de la Ley 9481, que creó la Jurisdicción

Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, y que incluía la derogatoria de 4 artículos de la Ley 8754). A pesar de que la Ley 9481 fue aprobada en 2017 con un rige de 12 meses después de su publicación, debido a que esta requería la asignación de recursos económicos para ser implementada se le presentaron dos modificaciones que extendieron su entrada en vigencia.

La fecha original de entrada en vigencia de la Ley 9481 era el 13 de octubre del 2018 (doce meses después de su publicación en La Gaceta). Sin embargo, en marzo del 2018 el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera presentó el proyecto 20.775—que tras su aprobación se convertiría en la Ley 9591— que extendía por doce meses más la entrada en vigencia de la Ley 9481 (hasta el 13 de octubre del 2019). Ese proyecto de ley fue aprobado en segundo debate el 6 de junio del 2018 y publicado en La Gaceta el 14 de setiembre de ese año.

El 22 de agosto del 2019 Gustavo Viales Villegas (con la firma de Otto Roberto Vargas Víquez, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Roberto Thompson Chacón y Enrique Sánchez Carballo) presentó el proyecto 21.599 que tras su aprobación se convertiría en la Ley 9769— que modificaba varios aspectos de la Ley 9481, incluyendo un transitorio para que su entrada en vigencia fuera, no una fecha fija, sino 18 meses después de que la Asamblea Legislativa le asignara al Poder Judicial el contenido presupuestario requerido.

El 8 de octubre del 2019 el Plenario Legislativo dispensó de tramite el proyecto 21.559, y se aprobó el 14 de octubre del 2019, cuando ya la Ley 9481 había entrado en vigencia el día anterior y, por lo tanto, ya habían surtido efecto jurídico las derogatorias de los los artículos en cuestión.

Ese proyecto sería fue aprobado el 17 de octubre y entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta del 30 de octubre del 2019, 17 días después de que los artículos habían sido derogados y sin que esa ley (u otra posterior) los restituyera.

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