Campañas de PPSD, PLN y PNR se mencionan en el documento.
Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr
Con el voto de 33 diputados, esta tarde la Asamblea Legislativa aprobó el informe de mayoría de la Comisión que Investigó el Financiamiento de Partidos Políticos durante la campaña del 2022, donde se asegura que sí las hubo y piden a la Fiscalía realizar la respectiva de investigación.
Tras gritos entre diputados oficialistas y del Partido Nueva República (PNR) así como del Partido de Liberación Nacional (PLN) y hasta un apagón en el plenario, se dio la discusión del informe mencionado.
El PLN, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista (PLP) fueron los que votaron positivamente el informe.
El partido más señalado es el Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual llegó Rodrigo Chaves al poder y que habría usado un fideicomiso privado mediante el cual se recibieron donaciones de persona jurídicas y extranjeros, así como la utilización de bienes no reportados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Otro de los señalados es el Partido Nueva República (PNR) por el no pago de algunas responsabilidades o uso de bonos para pagarlas, lo cual no había sido aceptado por las personas.
Por su parte, la producción del video salto al vacío por parte de Liberación Nacional, así como el viaje del entonces candidato José María Figueres a República Dominicana también se menciona en el informe, aunque con menor profundidad.
Con esta aprobación, ahora todas las conclusiones y recomendaciones quedarán en manos del Ministerio Público para la respectiva investigación y que de determine si cabe abrir alguna acusación.
El PPSD y el PNR presentaron cada uno un informe de minoría con sus propias conclusiones y recomendaciones, cada uno intentando demostrar que de lo que se les acusa no estuvo mal pero aceptan la investigación respectiva.
Adicionalmente los diputados Vanessa Castro y Eli Feinzaig destacaron que más allá de enviar a la fiscalía el informe, es necesario que se den cambios en la legislación para cerrar portillos a la estructuras paralelas, así como garantizar un apoyo estatal más equitativo.
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