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  • Foto del escritorRedacción | Crónica, el Diario de la Gente

Derogatoria de artículos punto negro del 1 de Mayo

Omisión de ley preocupa a legisladores


(Redacción comercial) El cuestionado proyecto de ley que reforma la Ley de Delincuencia Organizada sería

inconstitucional y además generaría gastos al Estado.


Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), al referirse al expediente

23.090, el cual reforma la Ley de Delincuencia Organizada para fortalecer los tribunales

especializados que investigan delitos relacionados con bandas criminales.


La iniciativa plantea que cualquier caso de crimen organizado se debe discutir en la jurisdicción ordinaria, es decir, en trámites sencillos.


Otro punto por considerar en la propuesta, por la que presionan el gobierno y varias bancadas, es la ampliación de plazos de tramitación en casos de indagaciones judiciales, así como plazos de prisión preventiva para sospechosos.


Cualquier delito cometido por bandas criminales sería de acción pública, de manera que las

autoridades podrían actuar de oficio en estos hechos.


Sin embargo, Delgado le ha presentado más de 500 mociones al texto de ley y considera que no resuelve en lo absoluto la crisis de inseguridad que atraviesa el país.


“Yo no estoy bloqueando ningún proyecto de ley (…) Uno empieza a preguntarse ¿qué pasa?,


¿Por qué no lo quieren ver? Yo estoy clara en que el proyecto es inconstitucional.

Nosotros no podemos crear una norma que sea retroactiva que afecte los derechos

individuales de las personas, mucho menos pensando en el derecho penal.


Esa norma trae una redacción que permite de alguna manera hacer retroactivo todo lo que

sucedió de 2019 a la fecha.


Es decir, desde que se derogó el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado se ha venido

ejecutando jurisdicción de crimen organizado fuera de todo trámite porque el artículo ya estaba

derogado”, declaró la verdiblanca.


De acuerdo con la liberacionista, dicha norma incrementaría los costos para el Poder Judicial.


¿Para qué vamos a gastar ¢15.000 millones, ¢20.000 millones o ¢30.000 millones para? ¿Establecer una jurisdicción especializada que solo va a ver ese tipo de casos? Más grave aún, es que los jueces de la vía ordinaria van a seguir ganando lo que están percibiendo hasta ahora y los de la vía extraordinaria van a tener mayores privilegios. Yo no estoy de acuerdo.


Aquí o llevamos todo a jurisdicciones especializadas, o lo dejamos si sigue funcionando.


Si funciona, ¿por qué no lo seguimos en la vía ordinaria, que es algo que se venía haciendo”?

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