La ANEP asegura que tienen algunos indicios y señales de que las cosas no se han manejado de la mejor manera.
Jarmon Noguera González | redaccion@cronica.cr
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR) contra directivos de la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS) ya que tienen sospechas de amañamiento de datos actuariales.
Específicamente las personas demandadas son: la Presidenta de la Caja Marta Esquivel, Roberto Quirós, Vicepresidente y los directivos, así como la ingeniera Susan Peraza, Directora de Planificación; a Carolina González, Directora Actuarial; a Allan Quesada, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
La preocupación se da ya que justamente esto sería lo que está provocando el freno de toda la cartera de proyectos de infraestructura, algo que va en perjuicio de los aseguraros y de habitantes de diferentes regiones que esperan la construcción de su hospital o área de salud.
Ahora serán las autoridades mencionadas las que deberán de verificar si lo denunciado es una realidad y debería ser enviado a juicio.
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